El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha lanzado una dura advertencia a los medios de comunicación. “Me van a llamar dictador, pero vamos a endurecer las normas para que se acabe el amarillismo y la propaganda que se alimenta de la sangre y la muerte”.
El jefe del Estado ha pronunciado estas palabras en la víspera del lanzamiento de un plan para disminuir la criminalidad. El gobernante acusó a los diarios El Nacional y El Universal y al grupo de medios del Bloque De Armas, tres de los cuatro principales periódicos del país, de apostar al fracaso de esas iniciativas. “Les va a llegar su hora”, advirtió.
Las declaraciones sugieren que la prensa podría enfrentar una regulación inminente de sus contenidos mediante estas decisiones, que genéricamente el gobernante venezolano ha llamado plan de pacificación, y que se conocerán el próximo 14 de febrero. El chavismo culpa de la violencia criminal en primer lugar a los contenidos transmitidos por la televisión.
Maduro dedicó el fin de semana a amenazar a la prensa y a los empresarios. Este sábado, en medio de una actividad televisada por el canal de televisión oficial llamada Taller de Máxima Eficiencia Socialista, se refirió a los representantes de los gremios empresariales Fedecámaras, Consecomercio y Venancham. “Les va a llegar su hora a los jefes que están detrás del saboteo [sabotaje] a la economía”, dijo. El gobierno considera que la empresa privada induce el desabastecimiento al acaparar los productos en galpones.
Los empresarios, por el contrario, sostienen que para mantener abastecido el mercado es necesario contar con inventarios para rellenar los anaqueles. Sus portavoces han responsabilizado al Gobierno de querer manejar todas las importaciones a través del sector público y restringir la entrega de divisas que necesitan para trabajar. Esta repartición de culpas se evidencia en la alarmante falta de alimentos y en general de todos los bienes que se comercializan en el país.
La empresa privada ha decidido reorganizar sus operaciones mientras se soluciona esta situación. Pero el gobierno está dispuesto a todo con tal de quebrar su voluntad. Está en juego la consolidación de la visión económica estatista y centralizada de la llamada revolución bolivariana.Para ello Maduro ha aprobado una Ley Orgánica de Precios Justos, que establece prisión de entre ocho y 10 años para quienes acaparen alimentos o restrinjan su circulación. El contrabando de extracción se pena con hasta 14 años de cárcel.
Ese texto legal deja un enorme margen de interpretación al Gobierno para definir qué es acaparamiento. En ese contexto parece muy complicado para el empresario mantener inventarios para abastecer el mercado. Para el chavismo el acaparamiento y el contrabando son delitos equiparables con el homicidio. El artículo 407 del Código Penal establece penas de entre 12 y 18 años para el homicida intencional.
Todos los sectores están siendo afectados por la sequía de divisas, pero los diarios impresos parecen tenerla más difícil después de las declaraciones de Maduro. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela reportó que en enero y la primera semana del mes de febrero al menos 31 periódicos en 10 estados del país tuvieron dificultades para adquirir los insumos necesarios para la impresión de sus ediciones.
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